El impacto de la era digital en los sistemas de protección social. La necesaria respuesta de la seguridad social ante los riesgos psicosociales emergentes

Isabel María Villar Cañada.
Profesora Titular Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Jaén.


Son varias las entradas anteriores en las que se han ido analizando las oportunidades que ofrece el proceso de digitalización para el sistema de protección social y, particularmente, para nuestra Seguridad Social, así como los retos que de ese proceso se derivan. La mejora de la eficacia y calidad del sistema, la lucha contra el fraude y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía, la ciberdelincuencia… son ámbitos en los que, como se ha venido exponiendo, resulta necesario, sin duda, seguir avanzando y, para ello, las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental. Pero, en muchos casos, sitúan también al sistema de protección social frente a nuevos escenarios ante los que resulta imprescindible ofrecer una adecuada respuesta por parte de los poderes públicos.

Y es que la generalización del empleo de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo, con el objetivo de optimizar el beneficio empresarial, repercute en un incremento de los niveles de desempleo, en unas mayores exigencias de rendimiento a los trabajadores en activo, en una deslocalización de la prestación laboral, acompañada de un incremento de la dedicación de los/as trabajadores/as. En definitiva, en un deterioro de las condiciones de trabajo en aras a conseguir la viabilidad del negocio, además en un contexto económico adverso.


1. La digitalización del trabajo como fuente de riesgos psicosociales. ¿Qué se está haciendo?

Es decir, las consecuencias del proceso de digitalización del trabajo llevan asociada la aparición/manifestación de nuevas necesidades de protección social que debieran ser atendidas por el sistema de Seguridad Social. Es una realidad constatable que la generalización del uso de las TICs en los procesos productivos trae como consecuencia el incremento de patologías de tipo psicosocial de las personas trabajadoras. El incremento de la carga de trabajo, la fragmentación del trabajo, la dificultad para la identificación de tareas, la prolongación de la jornada y el escaso descanso, las dificultades para conciliar, el aislamiento, la demanda de una recualificación constante, etc, son causa del aumento en la incidencia y la magnitud de dolencias psíquicas ante las que resulta necesario, como decimos, ofrecer respuestas desde el sistema de Seguridad Social.

Como es sabido, los riesgos psicosociales no aparecen contempados en el cuadro de enfermedades profesionales del Anexo I del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro; ni tampoco en la lista complementaria de dolencias cuyo origen profesional se sospecha, prevista en el Anexo II de la citada norma. La cobertura de las secuelas de tipo psicológico derivadas del estrés laboral motivado por la introducción de las TICs debe realizarse, pues, vía art. 156.2 e) LGSS, como accidente de trabajo, siempre que concurra, y pueda ser demostrada, la relación de causalidad entre la patología y la actividad laboral, lo cual, en la práctica puede resultar un escollo difícil de salvar.

Resulta necesario, pues, establecer en nuestro ordenamiento jurídico mecanismos adecuados de protección frente a estas enfermedades laborales emergentes.

En esta línea, hay que recordar que la OIT ya incorporó los trastornos mentales y del comportamiento, en la Lista de Enfermedades Profesionales de 2010.

Por su parte, la OMS ha reconocido el que denomina “síndrome de desgaste ocupacional” como un problema asociado al empleo o al desempleo, incluyéndolo en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) (Código QD85) que entra en vigor el 1 de enero de 2022, mientras que hasta el momento aparecía, de forma más genérica, entre los problemas relacionados con dificultad en el control de la vida. Este “síndrome de desgaste ocupacional” aparece identificado como el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito y se caracteriza por tres dimensiones: 1) sentimientos de falta de energía o agotamiento; 2) aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo; y 3) una sensación de ineficacia y falta de realización. De manera expresa, la OMS establece la referencia directa de este síndrome a los fenómenos en el contexto laboral, no debiendo aplicarse, establece, para describir experiencias en otras áreas de la vida.

El burnout aparece, pues, vinculado a situaciones de estrés y ansiedad continuada que incapacitan laboral y socialmente a las personas trabajadoras, reduciendo su productividad y entre sus causas se encuentran las largas jornadas de trabajo, las dificultades para conciliar la vida personal, profesional y familiar, los conflictos en el seno de la empresa…, factores muchos de estos, como ya ha quedado indicado, derivados de la incorporación y generalización de uso de las nuevas tecnologías en el trabajo.

En el ámbito comunitario, la Comunicación de la Comisión Europea de 10 de enero de 2017 sobre “Trabajo más seguro y saludable para todos. Modernización de la legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el trabajo” señala que los riesgos psicosociales, y en particular el estrés laboral, supone uno de los problemas de seguridad y salud en el trabajo más complejos y que están en progresivo aumento, puesto que “más de la mitad de los trabajadores de la UE señalan que el estrés es habitual en su centro de trabajo”, y que del mismo derivan efectos perjudiciales tanto para la salud de las personas trabajadoras como para la propia organización del trabajo. “Recordando” lo establecido en la Directiva Marco, incide en la obligación legal de las empresas de proteger a sus trabajadores/as contra todos los riesgos existente en el lugar de trabajo, incluidos los psicosociales, “que han de ser tenidos debidamente en cuenta en el proceso de evaluación del riesgo”. Una evaluación que ha de realizarse teniendo en cuenta la diversidad, prestando, pues, atención a los riesgos específicos que puedan afectar a “las mujeres, los hombres, los trabajadores jóvenes, los de más edad, los inmigrantes o las personas con discapacidad”.

Y el Marco estratégico de la UE sobre seguridad y salud en el trabajo 2021-2027: La seguridad y la salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformaciónpone de relieve de forma expresa la trascendencia de los riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo, como refleja el hecho de que la mitad de las personas trabajadoras de la UE considera que el estrés es algo común en su lugar de trabajo y es la causa de, aproximadamente, la mitad de todos los días laborales perdidos. O que casi el 80% del personal en puestos de dirección está preocupado por el estrés relacionado con el trabajo.

Una realidad esta que, sin duda, se ve agravada por el proceso de digitalización, -acelerado, además, por la situación de pandemia (difuminación de los límites tradicionales entre el trabajo y la vida privada, conectividad permanente, falta de interacción social y mayor uso de las TIC…)-. Si bien, como regla general, las acciones que se incluyen no son demasiado ambiciosas, es cierto que el Marco Estratégico establece como prioridad la gestión de riesgos psicosociales en los entornos de trabajo, dedicando una destacada parte de su contenido a los retos que derivan del trabajo digital para la prevención de estos riesgos. Un detenido análisis del tratamiento de los riesgos psicosociales en el Marco Estratégico 2021-2027 es realizado, en el ámbito del Laboratorio-Observatorio de Riesgos Psicosociales de Andalucía (LARPSICO) por Manuel Velázquez.

En nuestro país, pese a la ausencia de reconocimiento legal, nuestros tribunales en distintos pronunciamientos vienen dando pasos en el reconocimiento del carácter profesional de los riesgos psicosociales de las personas trabajadoras. Así, sentencias como la del TSJ de Andalucía/Sevilla nº 1683/2017, de 1 de junio (rec. 1607/2016) o la del TSJ de Navarra nº 61/2014 (rec. 47/2014) reconocen la consideración como riesgos derivados del trabajo a supuestos de burnout resultado de un estado prolongado de estrés laboral crónico o frustración, lo cual, según tanto la Psicología del Trabajo como la Medicina Forense, se trata de un trastorno de adaptación del individuo al ámbito laboral.

Más recientemente, la STSJ de Canarias/Las Palmas, nº 485/2020, de 26 de mayo (rec. 1.300/2019) reconoce la naturaleza de contingencia profesional a la incapacidad temporal de una trabajadora de un ayuntamiento, asociada a una situación de estrés y ansiedad derivada de la sobrecarga extrema de tareas y la falta de instrucción y adiestramiento sobre las funciones a desarrollar durante varios años (un interesante análisis de este pronunciamiento es realizado por la profesora Rodríguez Escanciano).

O las STSJ de Madrid 410/2020, de 16 de junio (rec.124/2020), y 222/2021, de 23 de marzo (rec. 630/2020), parten de la consideración de la sobrecarga de trabajo como factor de riesgo psicosocial que deriva en muchos casos en episodios de ansiedad y reacciones de estrés laboral, e incidiendo en la obligación empresarial de evaluar las cargas de trabajo para evitar el estrés y el agotamiento de sus personas empleadas, incurriendo, en caso contrario, en un claro incumplimiento de prevención de riesgos psicosociales. 

Y en esta línea, incidiendo principalmente en la dimensión preventiva, la Inspección de Trabajo ha elaborado un nuevo Criterio Técnico (104/2021) sobre la actuación frente a los riesgos psicosociales en el que aparecen identificados como riesgos laborales que, potencialmente, pueden afectar a la salud de las personas trabajadoras, estableciéndose, además, la obligación de las empresas de evaluar estos riesgos y planificar medidas preventivas. Este criterio, cuya utilidad como guía de actuación para las empresas es incuestionable, se estructura en torno a tres tipos de actuaciones inspectoras:

  1. En primer lugar, en las actuaciones de control de la gestión preventiva de los riesgos psicosociales, incidiendo en la obligación empresarial de incorporar estos factores en la correspondiente evaluación de riesgos y de realizar un seguimiento adecuado de los mismos. Con esta finalidad, se recogen los conceptos básicos (“factores psicosociales”, “factores de riesgo psicosocial”, “riesgos psicosociales”) y se realiza una propuesta de guía de clasificación de los factores de riesgo psicosocial.
  2. En segundo lugar, en las actuaciones inspectoras derivadas de denuncias de las personas trabajadoras sobre la exposición a riesgos de naturaleza psicosocial, estableciendo criterios para evaluar las medidas a adoptar por la empresa para proteger la seguridad y salud de quienes ya se han visto afectados por este tipo de riesgos.
    Resultan interesante aquí las definiciones que se realizan de los conceptos “estrés laboral” y de “burnout” (entendido este como una enfermedad ligada al estrés crónico) y las valoraciones sobre situaciones relacionadas con la vulneración de derechos que afectan al tiempo de trabajo, y en particular el derecho a la desconexión digital. 
  3. Y, en tercer lugar, en las actuaciones de la Inspección sobre daños a la salud y accidentes de trabajo, es decir, en los casos en que la salud de las personas trabajadoras se haya visto dañada como consecuencia de la exposición a riesgos psicosociales. A estos efectos se establece la clasificación de estos posibles daños en emocionales, cognitivos, fisiológicos y conductuales.
    En este sentido, el Criterio Técnico recoge dos cuestiones relacionadas con el tratamiento de los riesgos psicosociales por parte del sistema de Seguridad Social a efectos del derecho a prestaciones: por una parte, se alude a su consideración como contingencias profesionales, vía art. 156.2 LGSS, como supuestos asimilados al accidente de trabajo; y, por otra, a la posibilidad de que la empresa tenga que afrontar un recargo de prestaciones en los casos en que se constate un incumplimiento empresarial en la toma de medidas preventivas.

2. Lo que queda por hacer. Algunas propuestas

Como hemos visto, se están dando pasos, sí, principalmente en la vertiente preventiva, pero es necesario, sin duda, seguir avanzando en el reconocimiento de la naturaleza profesional de los riesgos psicosociales desde la dimensión reparadora.

Y para ello resultaría conveniente la revisión del actual cuadro de enfermedades profesionales. Sin duda, el cambio de criterio llevado a cabo por la OMS, estableciendo la vinculación directa del “desgaste ocupacional” con el contexto laboral, contribuye a dar visibilidad a este tipo de dolencias en el ámbito del trabajo y debiera servir también como punto de partida para su reconocimiento como enfermedades profesionales, con la consiguiente simplificación de la gestión de los procesos de incapacidad. Y también resulta destacable, como ha quedado expuesto, la labor de nuestros tribunales en la determinación de la naturaleza profesional de los riesgos de tipo psicosocial.

Si bien se antoja aún lejana la incorporación de las mismas al listado de patologías recogido en el Anexo I RD 1299/2006, sería más factible comenzar, al menos, por incorporarlas al Anexo II, abriendo así el camino por el que, como decimos, seguir avanzando con objeto de alcanzar una adecuada protección de este tipo de riesgos emergentes derivados de la digitalización de los procesos productivos. La dinamicidad que caracteriza al sistema de protección social en general y, particularmente al de Seguridad Social, ha de dirigirse a atender las necesidades que vayan surgiendo entre la ciudadanía y no parece existir duda de que nos hallamos ante un ámbito este, el de los riesgos psicosociales derivados del trabajo que, si bien no es nuevo, sí que adquiere una particular dimensión, consecuencia del proceso de digitalización en el ámbito del trabajo, que requiere de una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos.

Y, por otra parte, evidentemente, es imprescindible avanzar también en la creación de fuentes de diagnóstico eficaces, aumentando el número de profesionales sanitarios especializados, como ha puesto de relieve el Defensor de Pueblo, con la finalidad de reducir los actuales problemas de infra diagnóstico.